Un agente de la Guardia Civil es sancionado por consultar la matrícula del vehículo utilizado en la huida de Puigdemont. Su abogado, Pablo Antolín, defiende la legalidad de su actuación.
Contexto de los hechos
El 8 de agosto de 2024, Carles Puigdemont regresó brevemente a España para participar en un mitin político en Barcelona. Tras su intervención, abandonó el país en un vehículo cuya matrícula fue ampliamente difundida por los medios de comunicación. Ese mismo día, un agente de la Guardia Civil, destinado en Badajoz y miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), accedió al sistema SIGO para consultar la matrícula del vehículo en cuestión.
El agente, especializado en derecho penal operativo, justificó su actuación como una respuesta inmediata ante una alerta pública, dado que se trataba de un prófugo con una orden activa de imputación. Según el recurso presentado por su abogado, Pablo Antolín, la acción fue legal y necesaria ante un escenario de urgencia y relevancia pública.
Sanción impuesta y argumentos de la defensa
La Dirección General de la Guardia Civil consideró que la acción del agente constituía una falta muy grave por abuso de atribuciones y por causar daño a la Administración. La sanción impuesta fue de 15 días de suspensión de funciones, una decisión que ha generado polémica y ha sido duramente criticada por la AUGC, que defiende la necesidad de actuar con eficacia ante situaciones que comprometen la seguridad nacional. El abogado defensor, Pablo Antolín, experto en derecho penal, ha calificado la sanción de “injusta”. Ha argumentado que su cliente actuó bajo una interpretación razonable de sus funciones y dentro del marco legal, especialmente considerando la imputación vigente de Puigdemont. Antolín ha presentado un recurso de alzada y, en caso de ser rechazado, llevará el caso a los tribunales ordinarios.
Defensa firme ante una sanción controvertida
Este caso representa un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan los profesionales del orden en el ejercicio de sus funciones dentro del complejo entramado del derecho penal. El agente sancionado, lejos de haber actuado de forma arbitraria, respondió ante un hecho de máxima notoriedad pública y relevancia jurídica. El abogado Pablo Antolín ha tomado la defensa del caso con el firme objetivo de revocar la sanción y borrar cualquier mancha en el historial profesional del agente. Sus esfuerzos están centrados en demostrar que no existió abuso, sino un cumplimiento diligente del deber, acorde con la gravedad de la imputación que pesaba sobre Puigdemont. Esta defensa no solo busca justicia para su cliente, sino también preservar el derecho de otros agentes a actuar de manera proactiva sin temor a represalias injustificadas.
Preguntas frecuentes:
¿Qué es el sistema SIGO?
El Sistema Integrado de Gestión Operativa (SIGO) es una plataforma utilizada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España para la gestión de información operativa y administrativa.
¿Es legal que un agente consulte matrículas en SIGO?
La legalidad de consultar matrículas en SIGO depende del contexto y la justificación de la consulta. En situaciones de alerta pública, como la difusión de una matrícula vinculada a un prófugo, puede considerarse una acción legítima.
¿Qué consecuencias puede tener este expediente para el agente?
Además de la sanción económica y la suspensión de funciones, el expediente puede afectar la carrera profesional del agente y su reputación dentro del cuerpo.
¿Qué acciones legales ha tomado el abogado Pablo Antolín?
Ha presentado un recurso de alzada contra la sanción impuesta y, en caso de no prosperar, tiene previsto acudir a los tribunales para defender la legalidad de la actuación del agente.
Crédito de imagen:
Puigdemont, el 8 de agosto, después del mitin que dio tras regresar a España como prófugo de la Justicia.
Fuente: El Diario de Burgos
Fotografía: Alberto Estévez (EFE)